Aunque se habla de plazos y de celeridad, la pugna entre el Poder Judicial y la Legislatura por la reforma de la investigación penal preparatoria parece tener un trasfondo más cercano a posibles muestras de poder que a las hojas de un calendario. Quizás por eso, a días de que Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), enviara una nota al cuerpo colegiado para recordar el compromiso de priorizar la conformación de una comisión interpoderes, en el recinto se escuchó la réplica de un alperovichista.

El presidente del bloque oficial Tucumán Crece, Roque Álvarez, instó al alto tribunal a que ejerza su poder de superintendencia, y que solicite una pronta sentencia a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo respecto de los planteos judiciales que cuestionan la constitucionalidad del suspendido plan piloto. "Eso nos servirá para saber si es un punto de partida válido o no", advirtió el peronista, en alusión a los futuros cambios que se podrían implementar en el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y en la Ley Orgánica de Tribunales (LOT).

El año pasado, la Corte Suprema emitió la primera de una serie de acordadas para diseñar una reforma -a modo de prueba- en la investigación penal preparatoria de los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros. Para ello, se contrató al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que diseñó el proyecto.

El programa debía lanzarse en abril. Pero, debido a tres recursos de amparo que cuestionan la constitucionalidad del plan piloto, la CSJT suspendió la aplicación por tiempo indeterminado.

El 25 de abril, en un contexto de pugna entre el Poder Judicial y la Legislatura (que adhirió al reclamo de los amparistas respecto a la necesidad de una ley provincial que avalara la reforma), Estofán y Antonio Gandur, vocal del alto tribunal, visitaron el edificio del parlamento. Allí, tras una reunión con legisladores, se acordó la conformación de una comisión interpoderes para avanzar en una modificación, íntegra o parcial, del CPPT y de la LOT.

En la sesión de ayer, durante el período de manifestaciones generales, Álvarez recordó ese encuentro. Y mencionó la nota que envió Estofán el lunes al cuerpo colegiado, en la que además enumera los representantes del Poder Judicial que integrarán el comité. "En la reunión decidimos que sobre las acordadas no se hablaría, porque habían sido judicializadas (...). Hoy estamos a la espera de que la Cámara (en lo Contencioso Administrativo) se expida sobre la constitucionalidad o no de esas acordadas", afirmó el oficialista. Y ventiló que, en aquella reunión, se propuso que la comisión interpoderes presentara el proyecto final en 2016 "para festejar, en el Bicentenario, el nacimiento de una nueva Justicia". "Ante ese planteo, el titular de la Corte nos dijo: 'creo que son muy optimista; no llegamos al 2016'", recordó Álvarez. Y, para rematar, aseveró que el cuerpo colegiado "no está en mora".

Los pliegos de los tres aspirantes que había propuesto el gobernador, José Alperovich, para que asumieran en el directorio del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) fueron aprobados ayer gracias a los votos de 38 legisladores oficialistas, que se impusieron sobre los siete opositores. Así, el organismo quedará normalizado con Sergio Sánchez como director, y con Joaquín Ferre y Santiago Yanotti como vocales.

El camino quedó allanado para que se inicien los trámites para una suba general de la tarifa eléctrica, tal como solicitó la empresa distribuidora EDET SA.

El miércoles, cuando la comisión de Peticiones y Acuerdos, a cargo de José "Mellizo" Orellana (PJ), le dio dictamen favorable a los pliegos, los radicales Silvia Elías de Pérez, Federico Romano Norri y Roberto Sánchez, y el demócrata cristiano José Páez plantearon la impugnación de las candidaturas. Hubo una acalorada discusión entre los oficialistas Manuel Fernández y Regino Racedo y los opositores (en especial, Elías de Pérez). La pelea no se trasladó al recinto. Pero ayer, por lo bajo, se hablaba de la tensión que había generado esa pugna en la comisión.

Los opositores reprobaron los pliegos de Sánchez, a quien sindican por una supuesta incompatibilidad de cargos; y de Ferre, a quien le reprochan que haya sido echado del gabinete alperovichista en 2005, luego de que se hallaran 10 toneladas de polenta vencida en el este.

Al tratar el caso de Yanotti, ex militante radical y actual dirigente bettista, la UCR pidió abstenerse de votar. Pero el PJ instó a Romano Norri, a Sánchez, a Elías de Pérez y a Ariel García a tomar postura. Los cuatro rechazaron a su ex correligionario, al igual que Páez, Ricardo Bussi (FR) y Alberto Colombres Garmendia (PRO). Pero el oficialismo impuso su mayoría, y aprobó la normalización del Ersept.

Deudas fiscales.- Ayer se restableció un régimen excepcional de facilidades de pago que le permitirá a la Dirección General de Rentas (DGR) continuar con el cobro de deudas fiscales. El proyecto, que fue defendido por el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro, extiende la vigencia del beneficio hasta el 31 de julio de 2013. Con esta norma, el PE busca recaudar unos $ 300 millones.

Emergencia.- Con voto unánime, se aprobó el proyecto de resolución de los radicales Roberto Sánchez y Silvia Elías de Pérez para solicitar al PE que declare la emergencia agropecuaria en la Provincia.

Contra el cáncer.- La Cámara estableció ayer la obligatoriedad de que las empleadas públicas se realicen controles anuales para la prevención y detección de cáncer de útero y de mamas. La iniciativa fue defendida por Beatriz Ávila y Adriana Nájar (PJ) y por el demócrata cristiano José Manuel Páez.